El Parlamento Europeo rechaza el secretismo del ACTA

En una votación que no ha dejado lugar a dudas (633 a favor, 13 en contra y 16 abstenciones), el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que critican duramente el secretismo de las negociaciones del Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), un tratado de comercio multilateral cuyo objetivo es armonizar y endurecer las leyes de protección de la propiedad intelectual.

La resolución del Parlamento Europeo se lamenta de que el tratado no se esté negociando en los foros públicos que serían habituales y apropiados para este tipo de propuesta legislativa, como el WIPO (World Intellectual Property Organization), y amenaza a la Comisión Europea con llevar el asunto a los tribunales si el texto del ACTA no se hace público. Frente a esta exigencia, Karel de Gucht, Comisario Europeo de Comercio, ha respondido que no podrá hacer público el actual borrador del tratado sin consultarlo previamente con el resto de países en la próxima ronda de negociaciones:

We have tried to raise this issue for several years in multilateral organisations like the WTO or the World Intellectual Property Organisation, but these attempts were systematically blocked by other countries.

(…)

As you probably know, there is an agreement amongst ACTA parties that the negotiating text can only be made public if all parties agree.

The Commission is in favour of releasing the negotiating documents as soon as possible. However, a few ACTA negotiating parties remain opposed to an early release.

I strongly disagree with their approach, but I can not unilaterally breach a confidentiality commitment. My credibility as a negotiator is at stake. Nevertheless, I will see to it that at the next negotiating round, in April, the Commission will vigorously push its negotiating partners to agree to release the text and I will raise European Parliament concerns bilaterally with ACTA parties like the US I am scheduled to meet before then.

It is in the interest of all, that everyone can have a clear idea of what exactly these negotiations are about, and, even more importantly, also of what they are not about.

En este mismo discurso de Karel de Gucht en el Parlamento Europeo hay otro detalle interesante:

The EU does not support and will not accept that ACTA creates an obligation to disconnect people from the internet because of illegal downloads.

Aunque en el ACTA no exista la obligación de crear leyes tipo “three-strikes”, en el último borrador que se filtró a través de Wikileaks sí se recogía esta solución como recomendada.

La votación celebrada en el Parlamento Europeo no rechaza abiertamente el tratado, pero supone un golpe al secretismo con el que se han venido realizando las negociaciones, que han impedido un mayor escrutinio público.

Línea temporal del ACTA, un tratado de propiedad intelectual negociado en secreto

A través de Boing Boing, descubro esta línea temporal interactiva que explica la evolución del Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), un tratado de comercio que pretende imponer una aplicación estricta y restrictiva de la propiedad intelectual a nivel global.

La línea temporal cubre todos los eventos conocidos sobre el ACTA, gracias a su filtrado en Wikileaks y a otras informaciones que han ido surgiendo acerca de un tratado y unas negociaciones que se siguen llevando a puerta cerrada, lejos del escrutinio público. En el gráfico encontraremos desde la primera propuesta de un tratado como el ACTA en 2003, hasta las pŕoximas rondas de negociaciones, séptima y octava, que está previsto que tengan lugar en México en enero de 2010 y en Nueva Zelanda en abril.

El Gobierno permite que se corten servicios de Internet por la ‘piratería’

La Ley de Economía Sostenible introduce la “salvaguarda de derechos de la propiedad intelectual” como motivo para la restricción por orden judicial

El Ministerio de Cultura ha decidido mover por fin ficha en el terreno del control de las descargas por Internet, tras más de tres años de infructuosas negociaciones entre las partes, la industria de contenidos y los operadores de acceso (ISP). Y lo ha hecho aprovechando la Ley de Economía Sostenible, en la que se introduce la modificación de las dos leyes fundamentales en la materia: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y La ley de Propiedad Intelectual (LPI).

En efecto, la disposición final primera de la ley apadrinada por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, modifica las dos leyes citadas “para proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet”. La modificación más relevante y que causará más polémica es la introducción en la LSSI de la “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” como uno de los cinco motivos por los que se puede restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio, aunque siempre por la autoridad judicial competente.

El artículo 8.1 de la LSSI sólo contempla hasta ahora cuatro causas para la restricción del acceso a Internet: la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública; el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección de la juventud y de la infancia.

Además, se introduce un nuevo apartado en ese mismo artículo en el que se otorga a los “órganos competentes” la capacidad para requerir a los operadores los datos -y la obligación de éstos a facilitarlos- que permitan la identificación de quien esté realizando la conducta vulneradora. Con esta modificación legislativa se prepara el terreno para un amplio conjunto de medidas que serán presentadas a mediados de este mes para el control de las descargas de archivos, y que no incluirán en ningún caso la desconexión de los internautas particulares, centrándose en la persecución de las web de enlaces.

leer +++ El pais Madrid – 01/12/2009

Propiedad intelectual, copyright y privacidad

A través de Boing Boing llego a un artículo publicado en el Calgary Herald, que llama la atención sobre el peligro para la privacidad de los ciudadanos que supone la aplicación estricta de las leyes de propiedad intelectual existentes en Occidente.

Es lo que ocurre con leyes como la Hadopi francesa, el ACTA, o la Ley de Conservación de Datos.

It is increasingly apparent that modern copyright law is utterly and completely incompatible with the right to privacy.

(…)

No one likes stealing, but the problem lies in the fact that current copyright laws are completely unenforceable unless the government or industry groups start to read every e-mail and analyze every form of online communication done by citizens…

Such efforts aim to turn what citizens do in the privacy of their homes into criminal offences, and to compel enforcement, they aim to make Internet service providers (ISPs) liable for what users do with their Internet connections.

Leer más.

Vuelve la ley HADOPI en Francia

La ley HADOPI francesa, también conocida como la three-strikes-law, aquella que iba a vigilar que los ciudadanos franceses no se descargasen contenido protegido por derechos de autor, y que a la tercera infracción podría suponer la retirada de la conexión a internet, ha vuelto, después de ser aprobada por el Senado y la Asamblea Nacional francesa.

En su momento fue rechazada por el Tribunal Constitucional francés, por ser una autoridad administrativa y no judicial la encargada de determinar la veracidad de las infracciones y aplicar el castigo. Ahora la nueva ley HADOPI, llamada así por el acrónimo que da nombre a la agencia encargada de investigar a los internautas franceses, sí que incluye la intervención judicial en el proceso. Esto limita la posibilidad de abuso de una ley que en sí misma resulta desproporcionada, y que ahora, diputados socialistas franceses han llevado otra vez al Tribunal Constitucional, aduciendo que la ley potencialmente atenta contra la libertad de expresión.

A pesar de todo, el Gobierno Francés cuenta con designar a los miembros de HADOPI en Octubre y que la agencia esté en funcionamiento en Enero de 2010, cuando sean enviadas las primeras advertencias a internautas.

El colectivo La Quadrature du Net, una organización activista francesa que trabaja en temas relacionados con los derechos de autor, propiedad intelectual y neutralidad de la red, en Francia y en la Unión Europea, resume así las razones por las cuales esta nueva ley HADOPI, igual que la anterior, atenta contra las libertades de los ciudadanos:

First of all, HADOPI 2 fails to guarantee the right to a due process. Instead of giving sanction powers to an executive agency, as HADOPI 1 did, it makes possible to judge copyright infringements and order Internet cutoff through a “simplified judicial procedure”. This procedure does not include any contradictory debate or public hearing, and all kind of prior judicial investigation will be left out. Moreover, the Internet cutoff can be ordered as a complement for a standard fine for “negligence” in securing one’s Internet access.

Second, alleged infringers would still be convicted on the sole basis of IP addresses that cannot be considered as valid evidence, and which are collected by private actors. And since one has no material way of opposing the validity of these “evidences”, this new version of the graduated response still clearly violates the presumption of innocence. It is now up to the Constitutional Council to examine the law, and draw the necessary conclusions.

Quemando libros (electrónicos) con DRM

Hace poco el lector de libros electrónicos de Amazon, Kindle, ha vuelto a ser noticia por haber eliminado a distancia todas las copias de ciertos libros que sus usuarios habían comprado a través de la tienda de Amazon, por una supuesta infracción de propiedad intelectual, reembolsando el dinero pagado por esas copias a sus usuarios. Irónicamente, uno de los libros eliminados es 1984, de George Orwell.

Al parecer, la editorial que puso a la venta en la tienda de Amazon copias electrónicas de 1984 y otros libros, no poseía los derechos para su venta. A pesar de que en muchos países 1984 haya pasado ya al dominio público, 60 años después de su publicación, en Estados Unidos tendrán que esperar al 2044, lo que no es obstáculo para que se pueda encontrar el libro para descarga en multitud de sitios web basados en países donde el libro es de dominio público.

Aparte de esta consideración (¿habría que haber tenido en cuenta el país de residencia del poseedor del Kindle a la hora de eliminar o no su copia?), queda de manifiesto el control del dispositivo por parte de Amazon, que ya en mayo eliminó copias de Atlas Shrugged de Ayn Rand y desactivó funcionalidades de audiolibro en otros títulos. Ya no sólo es necesario pasar obligatoriamente por Amazon para comprar libros para el Kindle, en un ecosistema cerrado como el que tenía Apple en iTunes-iPod, o el que goza Nestlé con Nespresso, si no que además, sin previo aviso, Amazon puede tomar el control de un dispositivo de tu propiedad, acceder al contenido por el que has pagado y eliminarlo. En otras palabras, el Kindle tiene un diseño defectuoso.

Por eso es importante la existencia de software y hardware libre, sin DRM, que permita que el control sobre el dispositivo y sobre su contenido lo tengan los usuarios, no la empresa que lo provee.

Propiedad intelectual y control

El pasado viernes, dentro de las Jornadas de Control Social organizadas por el Ateneu Llibertari del Casc Antic de Barcelona, Por Tu Seguridad estuvo dando un par de charlas sobre Propiedad Intelectual y Control y Arte y Vigilancia. Ésta es la primera de las presentaciones.
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El Acuerdo Comercial Anti-Piratería declarado secreto de seguridad nacional por Obama

El ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), un Acuerdo Comercial multilateral sobre propiedad intelectual  que está siendo negociado en secreto y del que sólo se han obtenido borradores gracias a filtraciones en Wikileaks, ha sido declarado como secreto de seguridad nacional por la administración Obama, contradiciendo así su política de transparencia y apertura.

El ACTA está siendo fuertemente criticado precisamente por el secretismo que le rodea de cara al público, lo cual no ha impedido que lobbys clave como la RIAA hayan participado en las negociaciones.