La ley HADOPI francesa, también conocida como la three-strikes-law, aquella que iba a vigilar que los ciudadanos franceses no se descargasen contenido protegido por derechos de autor, y que a la tercera infracción podría suponer la retirada de la conexión a internet, ha vuelto, después de ser aprobada por el Senado y la Asamblea Nacional francesa.
En su momento fue rechazada por el Tribunal Constitucional francés, por ser una autoridad administrativa y no judicial la encargada de determinar la veracidad de las infracciones y aplicar el castigo. Ahora la nueva ley HADOPI, llamada así por el acrónimo que da nombre a la agencia encargada de investigar a los internautas franceses, sí que incluye la intervención judicial en el proceso. Esto limita la posibilidad de abuso de una ley que en sí misma resulta desproporcionada, y que ahora, diputados socialistas franceses han llevado otra vez al Tribunal Constitucional, aduciendo que la ley potencialmente atenta contra la libertad de expresión.
A pesar de todo, el Gobierno Francés cuenta con designar a los miembros de HADOPI en Octubre y que la agencia esté en funcionamiento en Enero de 2010, cuando sean enviadas las primeras advertencias a internautas.
El colectivo La Quadrature du Net, una organización activista francesa que trabaja en temas relacionados con los derechos de autor, propiedad intelectual y neutralidad de la red, en Francia y en la Unión Europea, resume así las razones por las cuales esta nueva ley HADOPI, igual que la anterior, atenta contra las libertades de los ciudadanos:
First of all, HADOPI 2 fails to guarantee the right to a due process. Instead of giving sanction powers to an executive agency, as HADOPI 1 did, it makes possible to judge copyright infringements and order Internet cutoff through a “simplified judicial procedure”. This procedure does not include any contradictory debate or public hearing, and all kind of prior judicial investigation will be left out. Moreover, the Internet cutoff can be ordered as a complement for a standard fine for “negligence” in securing one’s Internet access.
Second, alleged infringers would still be convicted on the sole basis of IP addresses that cannot be considered as valid evidence, and which are collected by private actors. And since one has no material way of opposing the validity of these “evidences”, this new version of the graduated response still clearly violates the presumption of innocence. It is now up to the Constitutional Council to examine the law, and draw the necessary conclusions.