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Madrid ya cuenta con 198 en sus calles y plazas, y otras 15 en semáforos. La videovigilancia pública también ha seducido a Barcelona, Valencia o Bilbao, entre otras. Los ciudadanos las aceptan y las piden. Pero hay asociaciones que denuncian sus riesgos para la intimidad y para la democracia.

Casi 50 cámaras en el barrio de Lavapiés y otras 150 en el resto de Madrid. Barcelona acaba de instalar siete cámaras más en La Rambla, que se suman a las nueve en la zona del Raval y el barrio Gótico. Valencia cuenta con un sistema de webcams con el que se realiza un control estadístico de afluencia de público a playas y Sevilla tiene un sistema de cámaras en la zona centro que está pensando en ampliar. Pero, ¿nos inquietan a los españoles tantos ojos mirando nuestras vidas?

El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirma que no, que un 75% de los encuestados no ve mal la instalación de cámaras de seguridad, públicas o privadas. El argumento suele ser la mejora de la seguridad, como en el caso de la calle Montera de Madrid, donde, como comentan desde la comentan desde la Concejalía de Seguridad, la vigilancia ha ayudado a proteger a los turistas. Las cámaras se terminan poniendo, según las autoridades, “a petición de los ciudadanos”.

Pero el crecimiento exponecial de la vigilancia ha llevado a algunos colectivos a organizarse contra la mirada indiscriminada y orwelliana de la administración. Un informe reciente de la Agencia de Protección de Datos advierte de que la instalación de dispositivos de vigilancia se duplicó en España de 2007 a 2008 y, a falta de datos definitivos, prevé un crecimiento mucho mayor en el año 2009.

“No es bueno que una sociedad democrática desarrolle tolerancia a la presencia de cámaras“, aseguran desde el colectivo Zemos98, para quienes los datos de proliferación de cámaras es “alarmante”. Esta asociación lleva años esgrimiendo argumentos teóricos y prácticos contra la videovigilancia con diferentes proyectos, como ‘La calle es de todos’ o ‘Capsula Orwell’. Para ellos es evidente la erosión al derecho de la privacidad y por eso organizan acciones como la que han protagonizado recientemente contra las cámaras que vigilan el acceso a la almendra de Sevilla.

La doble función de las cámaras de tráfico

En el barrio madrileño de Lavapiés, un grupo de vecinos ha venido organizando protestas y diseñando carteles bajo el nombre ‘Un barrio feliz’, una clara referencia al título de Aldous Huxley. Otros colectivos, como Portuseguridad.org, denuncian un problema en el que muchos no habían reparado: las cámaras que vigilan el tráfico “se están utilizando para seguridad ciudadana, sin tener autorización para ello”.

A parte de las cámaras de la DGT en carreteras o autopistas, se están instalando dentro de las ciudades cámaras en semáforos de cruces “conflictivos”, también dependientes de ayuntamientos, las cuales nos son familiares de teleseries estadounidenses. En Madrid ya existen 15, con autonomía para multar. También las hay en León, Bilbao o Barcelona.

De alguna manera, argumentan desde estos colectivos, la videovigilancia está condicionando la vida pública. “A pesar de estar acordes con la legalidad vigente (Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de protección de los datos de carácter personal LOPD), las cámaras no distinguen entre los que cometen delitos y los que no. Además, no es efectiva. Y sí existen estudios al respecto sobre su poca efectividad“.