Según el informe sobre privacidad y protección de datos presentado por la Agencia de Protección de Datos en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en el 2008 se alcanzará el número de 15.000 entidades responsables de ficheros de videovigilancia.
Esto es, 15.000 entidades, el 98% pertenecientes al sector privado, con al menos una cámara de videovigilancia. Es el número de entidades que han declarado el fichero, pero no quiere decir que éste sea el número total de entidades que usan métodos de vigilancia sobre los ciudadanos. La acción del día de Libertad No Miedo de Sevilla desveló la existencia de un gran número de cámaras ilegales, que no están registradas en la AGPD ni advierten de su presencia con el consabido cartel.
Precisamente otro aspecto interesante del informe es el referente a procesos sancionadores. En ciertos casos en las que las cámaras no advertían de su presencia ni de los derechos de rectificación y borrado, no hubo sanción a la empresa porque las cámaras no eran operativas. Es decir, no grababan ni funcionaban: su función era disuasoria. Pero mientras tanto intimidan a los ciudadanos en espacios públicos y ayudan a normalizar la presencia de artefactos de vigilancia en la vida cotidiana.
