Siguiendo la estela de otros gobiernos como el británico, la Generalitat de Catalunya estudia la posibilidad de crear una base de datos de ADN de condenados por delitos violentos, como homicidios o violaciones, con el objetivo de aumentar el autocontrol y evitar la reincidencia.
Una medida así no sólo es incoherente con el objetivo rehabilitador del sistema penal español, si no que además, es incompatible con la legislación española. Para ponerlo en marcha, sería necesaria la modificación del Código Penal y de dos leyes. Estas modificaciones legislativas a nivel estatal abrirían el camino para la creación de bases de datos de ADN en el resto de comunidades autónomas de España.
La tentación que una base de datos de este tipo supone para el aparato policial de un estado hace casi inevitable que tengan lugar abusos, como el destapado hace unas semanas en Reino Unido, donde es práctica común en la policía el detener a gente, aún sin presentar cargos contra ellos, sólo para poder extraerles muestras de ADN. El resultado es la mayor base de datos de muestras de ADN del mundo, con datos de más de un millón de personas, muchas de ellas totalmente inocentes.
