El 70% de los españoles, a favor de la videovigilancia en lugares públicos

Siete de cada diez ciudadanos se muestran a favor de la instalación de cámaras de seguridad en los lugares públicos, principalmente porque consideran que proporcionan más seguridad y protección. Así se desprende del último barómetro del CIS correspondiente al mes de septiembre, hecho público hoy, que revela que los encuestados se sitúan en una posición intermedia (6 en un escala del 0 al 10) si tienen que elegir entre disfrutar de más libertad y menos seguridad y viceversa.

Sólo un 10% de los encuestados está en contra de la videovigilancia, debido fundamentalmente a que con ella se pierde intimidad y privacidad, según opinan. Los ciudadanos son más favorables a la instalación de cámaras de vigilancia en bancos, comercios, hospitales, guarderías y colegios y transporte público y en menor medida en lugares de ocio y bares y restaurantes. Un 72,8% está a favor de que la difusión de imágenes grabadas por este tipo de cámaras esté controlada de alguna forma.

Internet

Respecto a Internet, la mayoría de ciudadanos (56,6%) considera que la privacidad de sus datos en la red es baja o muy baja, mientras que sólo el 11,54% la considera alta o muy alta. Además, más del 70% cree que el uso de internet favorece la intromisión en la vida privada de las personas, aunque por el contrario el 65,8% valora que también contribuye a resolver algunos problemas de la vida cotidiana.

En el caso concreto de compras por internet, el 76,9% de los encuestados cree que facilitar el número de tarjeta de crédito ofrece poca o ninguna seguridad. A la hora de cancelar o borrar datos personales de algún registro, más de la mitad (53%) manifiesta que le ha sido difícil o muy difícil conseguirlo. En cuanto al uso de internet por los menores, el 60,5% de los ciudadanos cree que debería haber bastantes restricciones o controles e incluso un 20,9% defiende que el acceso sea completamente restringido.

http://www.publico.es/ciencias/260089/siete/ciudadanos/favor/videovigilancia/lugares/publicos

Vigila y denuncia desde casa

Frontera

Hace algún tiempo nos escandalizamos por el proyecto de videovigilancia de la frontera de México con Estados Unidos, en el cual invitan a los ciudadanos a vigilar la frontera por medio de 10 cámaras de videovigilancia y avisar a las autoridades fronterizas cuando vean a algún sospechoso cruzar. Se llama texasborderwatch.com

Teníamos la esperanza de que no funcionase…ilusos! ahora podemos ver los vídeos de ilegales intentando cruzar la frontera de diversas formas. Podeis ver los videos aqui

Desde Destapa el Control nos hablan de otro  proyecto llamado Internet Eyes:

En Destapa el Control no es la primera vez que denunciamos cómo se utilizan las cámaras de videovigilancia para que ciudadanos particulares controlen a terceros desde su ordenador, pero lo que propone la compañía británica Internet Eyes nos parece el colmo: date de alta, vigila y denuncia cualquier delito que se produzca delante de una cámara. Por todo ello, cobrarás un dinerillo.
Éste nuevo sistema de seguridad privado, además de dejar a las fuerzas de seguridad locales o estatales a la altura del betún, no hace más que jugar con la buena fe y/o la desesperación de los comerciantes que, previo pago contratan un servicio que pone de manifiesto LA POCA EFICACIA DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD.

Nuestra propuesta va más allá: crear una nueva empresa que venda cámaras para controlar a aquellos que desde su sofá vigilan a los ciudadanos que pasan ante cualquier cámara en el espacio público. [Recargolado, pero seguro que más de uno ya ha patentado la idea...]

http://interneteyes.co.uk/
http://www.boingboing.net/2009/10/09/urban-surveillance-a.html

Mosquito Device MK4

UnBoxing Mosquito Device MK4 (UK), by Escoitar.org from Chiu Longina on Vimeo.

Video en el que podemos ver cómo es el arma sonora llamada Mosquito.

Para el taller Workshop “Sonic Weapons”, que organizan Chiu Longina y Berio Molina, han adquirido uno de estos dispositivos que usarán en una acción artística dentro del contexto del taller.

A razón de esta acción se ha creado una discusión interesante que podeis seguir aqui: http://www.alg-a.org/Son-e-poder-Tecnoloxias-sonoras-de

En el post de Mediateletipos “Taller en A Coruña: Sonido y poder. Armas acústicas” también se ha creado una discusión que ha derivado en el tema de las torturas en España! en el que se adjunta este documento actualizado con fecha de 2009.

Programa de actos contra la Videovigilancia

Un barrio feliz

Videovigilancia, políticas de seguridad, miedo y espacio público.

Un debate con:

* María Naredo es abogada y ha trabajado temas de seguridad y espacio urbano. Desde la pregunta ¿de qué nos cuidamos y quién (o qué) nos proporciona seguridad? analiza el concepto de seguridad, la génesis del miedo y las políticas de control.

* Isaac Rosa es escritor y autor, entre otras, de la novela El país del miedo, donde dibuja escenarios en los que el miedo se apodera de la vida, a costa incluso de la propia libertad.

¿Qué nos da miedo? ¿qué nos hace sentirnos seguros? ¿qué nos hace sentirnos seguras? ¿son la soledad, la precariedad, el exceso de trabajo o la falta de él, la falta de cuidados y de recursos, la falta de salud y asistencia, las relaciones de poder, el desarraigo, la dureza del espacio urbano, motivos de inseguridad? ¿cómo se combate? ¿de los imaginarios del miedo, violencia e inseguridad que hemos interiorizado, cuales son meras construcciones y cuales forman parte de nuestro cotidiano? ¿qué es el índice de criminalidad y cómo afecta a mi vida?¿quién es el responsable de mi seguridad y quién de lo contrario? ¿quién cuida de mi? ¿cómo percibo el miedo? ¿cómo percibo la seguridad? ¿es la enajenación del cuidado de sí de una comunidad a instancias superiores de control la medida adecuada para la convivencia armónica de un barrio? ¿contempla la diferencia o nos convierte en ciudadanos-tipo, sin deseos, prácticas y vidas singulares?

Arrebatado el poder-hacer: ¿qué nos queda como propio? ¿qué barrio queremos? ¿y por qué medios?

Fecha y hora: Jueves 8 de octubre 2009, 20h.
Lugar: C/ Embajadores, nº35. Lavapiés (Madrid). Metro Lavapiés o Embajadores

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CÁMARAS LAVAPIÉS
Exposición de carteles y deriva por las localizaciones del control.

12h. 30: Deriva por el barrio
Saldremos desde la plaza a buscar los puntos donde muy pronto -o quizá no- seremos grabados para la posteridad. Para conocer y señalar los recorridos del control, saber lo quecuesta una cámara y, por qué no,
marcarse un numerito a lo artista de broadway.

14h. Exposición en el Solar de los carteles producidos colectivamente para la Convocatoria Feliz:

Mientras tomamos el aperitivo podremos ver la expo de todos los carteles que habeis ido mandando este tiempo y si alguno nos mola especialmente buscaremos el modo de darle un soporte perdurable.

Si quieres traer tu cartel impreso, en color, enmarcado o lo que se te ocurra, puedes hacerlo el día 8 a la charla o el mismo sábado por la mañana.

Son muchas las visiones y las expresiones contra las cámaras, la política del miedo y del espectáculo, el derroche de las políticas del ayuntamiento, la visión negativa de nuestro barrio… y muchas las propuestas que nos han llegado. Queremos verlas junt@s, reconocernos y encontrarnos en la diferencia, porque la mejor manera de hacer del espacio público un lugar seguro es habitándolo.

Fecha y hora: Sábado 17 de octubre, 12h. 30.
Lugar: Pza. Lavapiés y Solar Olivar 48. Lavapiés (Madrid). Metro Lavapiés.

Propiedad intelectual, copyright y privacidad

A través de Boing Boing llego a un artículo publicado en el Calgary Herald, que llama la atención sobre el peligro para la privacidad de los ciudadanos que supone la aplicación estricta de las leyes de propiedad intelectual existentes en Occidente.

Es lo que ocurre con leyes como la Hadopi francesa, el ACTA, o la Ley de Conservación de Datos.

It is increasingly apparent that modern copyright law is utterly and completely incompatible with the right to privacy.

(…)

No one likes stealing, but the problem lies in the fact that current copyright laws are completely unenforceable unless the government or industry groups start to read every e-mail and analyze every form of online communication done by citizens…

Such efforts aim to turn what citizens do in the privacy of their homes into criminal offences, and to compel enforcement, they aim to make Internet service providers (ISPs) liable for what users do with their Internet connections.

Leer más.

Control sonoro

UnBoxing Mosquito Device MK4 (UK), by Escoitar.org from Chiu Longina on Vimeo.

Sólo los menores de 25 años pueden escuchar el molesto pitido que emite éste aparato. El antropólogo y artista sonoro Chiu Longina, llevará a cabo una acción de carácter sociológico-artístico colocando un «mosquito» en una plaza pública de La Coruña donde suelen reunirse los jóvenes para hacer botellón. Esta propuesta, autorizada por el Ayuntamiento de A Coruña, forma parte del taller «Sonido y poder. Tecnologías sonoras de control social. Armas acústicas» que se organiza dentro de la exposición «Outonoarte 09» .

El objetivo es precisamente abrir un debate en torno a la utilización de este «armas acústicas» que sólo perjudican a los jóvenes y que en cierto sentido los «demoniza», así como conseguir que se legisle específicamente sobre estos aparatos y se prohíba legalmente su utilización. «El objetivo no es adoptarlo como un arma contra el botellón sino prohibir ese sonido y despertar esas conciencias, abrir el debate sobre la brecha que existe entre jóvenes y adultos y llamar la atención sobre esos dispositivos que demonizan a los jóvenes», asegura Chiu Longina.

Pero el «mosquito» no es el único aparato de estas características que se utiliza para ejercer el control sobre la población. Según explica Longina, en la cumbre del G-20 en Pittsburg o en la franja de Gaza, la policía o el y el ejército, en cada caso, utiliza la tecnología «LRAD (dispositivo acústico de largo alcance)» para dispersar reuniones emitiendo una frecuencuia de presión acústica de 160 decibelos a 300 metros de longitud. La plataforma Escoitar.org, coordinada por Chiu Longina, ya ha denunciado públicamente en varias ocasiones los «aspectos ocultos del sonido que pueden ejercer dominio y control». Una tortura de este tipo no deja marca en la carne por lo que no se puede documentar. Esta en un limbo legislativo», advierte Longina.
Fuentes: Escoitar.org y ABC

La privatización de la seguridad

Dentro de la tendencia general de la retirada del Estado en competencias que hasta ahora le eran exclusivas, como la diplomacia, o la defensa, la Unión Europea ha puesto en marcha un programa de desarrollo de e investigación en tecnologías de seguridad y defensa, como el control militarizado y robotizado de fronteras, la implementación de huellas dactilares en pasaportes o el desarrollo de sistemas biométricos de identificación.

Gran parte de este programa de desarrollo ha sido diseñado y creado por las mismas empresas privadas que se beneficiarán luego de una inversión pública de 1.400 millones de euros, y cuyo objetivo es competir con las empresas privadas americanas dedicadas a seguridad nacional, cuyo nivel de inversión en este tipo de investigación les ha permitido tomar la delantera.

Unfortunately, in its haste to cash-in on the homeland security boom, the EU has effectively outsourced the design of its security research agenda to some of the corporations that have the most to gain from its implementation.

It has created bodies outside the formal structure of the EU, beyond parliamentary scrutiny and democratic control. The result is a public research programme designed by lobbyists, for lobbyists, with corporations invited to shape the objectives and annual priorities, and then apply for the money on offer.

Defence giants, including Thales, Finmeccanica, EADS, Sagem Défense Sécurité and ASD (Europe’s largest defence industry lobby group), are among a host of multinationals to which the European commission has turned to help set the agenda for security research, develop homeland security strategies for Europe, and bring the relevant security technologies “to market”.

Más en The Guardian.

Vuelve la ley HADOPI en Francia

La ley HADOPI francesa, también conocida como la three-strikes-law, aquella que iba a vigilar que los ciudadanos franceses no se descargasen contenido protegido por derechos de autor, y que a la tercera infracción podría suponer la retirada de la conexión a internet, ha vuelto, después de ser aprobada por el Senado y la Asamblea Nacional francesa.

En su momento fue rechazada por el Tribunal Constitucional francés, por ser una autoridad administrativa y no judicial la encargada de determinar la veracidad de las infracciones y aplicar el castigo. Ahora la nueva ley HADOPI, llamada así por el acrónimo que da nombre a la agencia encargada de investigar a los internautas franceses, sí que incluye la intervención judicial en el proceso. Esto limita la posibilidad de abuso de una ley que en sí misma resulta desproporcionada, y que ahora, diputados socialistas franceses han llevado otra vez al Tribunal Constitucional, aduciendo que la ley potencialmente atenta contra la libertad de expresión.

A pesar de todo, el Gobierno Francés cuenta con designar a los miembros de HADOPI en Octubre y que la agencia esté en funcionamiento en Enero de 2010, cuando sean enviadas las primeras advertencias a internautas.

El colectivo La Quadrature du Net, una organización activista francesa que trabaja en temas relacionados con los derechos de autor, propiedad intelectual y neutralidad de la red, en Francia y en la Unión Europea, resume así las razones por las cuales esta nueva ley HADOPI, igual que la anterior, atenta contra las libertades de los ciudadanos:

First of all, HADOPI 2 fails to guarantee the right to a due process. Instead of giving sanction powers to an executive agency, as HADOPI 1 did, it makes possible to judge copyright infringements and order Internet cutoff through a “simplified judicial procedure”. This procedure does not include any contradictory debate or public hearing, and all kind of prior judicial investigation will be left out. Moreover, the Internet cutoff can be ordered as a complement for a standard fine for “negligence” in securing one’s Internet access.

Second, alleged infringers would still be convicted on the sole basis of IP addresses that cannot be considered as valid evidence, and which are collected by private actors. And since one has no material way of opposing the validity of these “evidences”, this new version of the graduated response still clearly violates the presumption of innocence. It is now up to the Constitutional Council to examine the law, and draw the necessary conclusions.