La defensa de la privacidad como derecho no es el único motivo para estar en contra de la implantación de sistemas y dispositivos de vigilancia y control. Ni siquiera sería el más importante, para mí. Hay más razones de peso, como el potencial de abuso que existe cuando estos procesos de control están institucionalizados e implantados.

Y aunque hoy existan ciertas garantías, judiciales o de otro tipo, ante su uso malicioso, nada garantiza que esas garantías existan en un futuro, ni que no se puedan esquivar en el presente. De hecho, a diario vemos como éstas se reducen cada vez más, y el uso de grandes pretextos como la lucha antiterrorista se empieza a aplicar para castigar y perseguir la simple disensión. El no estar de acuerdo con la actual organización, política o económica del estado, es suficiente para ser sospechoso de terrorismo.

Entre los ejemplos, además de la reciente ilegalización de un partido político por sus vínculos, no ya con organizaciones terroristas, si no con otros partidos políticos ilegalizados, encontramos el caso de los 9 de Tarnac. Este caso es especialmente significativo, porque los servicios de seguridad franceses acuñan el término pre-terrorista, para definir aquello que podría convertirse en enemigo del estado. Policía preventiva, como en Minority Report. En Estados Unidos, una iniciativa legislativa, que aunque fue aprobada por el Congreso parece haberse quedado parada en el Senado, llamada Homegrown Terrorism Prevention Act (Ley de Prevención del Terrorismo Doméstico) tenía como objetivo prevenir la radicalización de estadounidenses, y su posible conversión en terroristas.

Ésta es la amenaza. Que estar en desacuerdo y desafiar el status quo sea motivo suficiente como para ser vigilado y criminalizado, y la puesta en marcha de sistemas de vigilancia de masas restrinja no sólo nuestro derecho a la privacidad, si no también nuestro derecho a disentir.